Buenas noticias — Bélgica reconoce por ley los derechos de los trabajadores sexuales:
Los diputados belgas votaron la ley en mayo, y entró en vigor el domingo pasado. Sigue la decisión de Bélgica de 2022 de despenalizar el trabajo sexual.
La ley tiene como objetivo combatir el abuso y la explotación dentro de la industria del sexo, asegurando que las trabajadoras sexuales ahora tengan acceso a seguro médico, licencia, beneficios de maternidad, apoyo al desempleo y pensiones.
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La legislación también establece reglas sobre horas de trabajo, salario y medidas de seguridad, abordando una brecha de larga data en la protección legal para quienes trabajan en la industria.
Los empresarios del sexo ahora deben obtener autorización, adherirse a estrictos protocolos de seguridad y cumplir con requisitos de antecedentes, incluida la ausencia de condenas previas por agresión sexual o trata de personas. Deben proporcionar ropa de cama limpia, preservativos y productos de higiene, e instalar botones de emergencia en los espacios de trabajo.
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El trabajo sexual independiente sigue estando permitido, pero la contratación no regulada de terceros o las violaciones del marco legal serán perseguidas.
Esto es lo que debe ocurrir en todas partes: purgar el ordenamiento jurídico de prejuicios puritanos, y establecer protecciones legales y jurídicas para las personas en situaciones precarias.
Esto aplica para todos los trabajos y trabajadores. En algunos círculos ha hecho carrera el jueguito semántico de que el trabajo sexual es “vender el cuerpo”, por lo que se oponen a la legalización y regulación de la prostitución, aduciendo que una persona no puede ‘venderse’ aún si quisiera hacerlo (y así, por arte de mafia, le niegan la agencia sobre sus propias vidas a aquellas personas en nombre de quienes dicen hablar; ¿no era esto un ejemplo de objetificación? En fin…).
El argumento siempre ha tenido la misma fisionomía del prejuicio moralista reaccionario, sólo que disfrazado de dignidad, porque esto es algo que aplica virtualmente a casi todos los trabajos: ¿cómo es que un trabajador en la mina no está “vendiendo su cuerpo” también? ¿O el obrero? ¿O el soldado? ¿O el granjero? Y a nadie en su sano juicio se le ocurriría exigir que se criminalicen estas actividades, o sugerir que las protecciones laborales son un peor escenario que la ausencia de las mismas.
A la larga, en cualquier sociedad en la que tener techo y comida dependa de que uno arriende su fuerza de trabajo (y, por extensión, implique en ello su cuerpo de una u otra forma), la mayoría de trabajos vienen a ser explotación. ¡Y qué mejor receta para aprovecharse de quienes tienen que trabajar para vivir que negarles las más básicas garantías legales y jurídicas!
Un paso en la dirección correcta para Bélgica, y ojalá esta postura sea adoptada por más países.
