Desde hace 11 años, se viene conformando el Sistema Único de Información Normativa (Suin), que busca depurar el ordenamiento jurídico colombiano derogando todas las normas en desuso o las que han sido reemplazadas por otras más recientes, pero que no fueron derogadas en su momento.
El Tiempo reporta que entre las leyes que se van a derogar, por lo menos hay dos que serían más civilizadas que lo que tenemos hoy en día:
La Ley 11 de 1920 dice, por ejemplo, que no se pueden vender si no es con orden o receta escrita “de un médico o licenciado en medicina, dentista o veterinario graduado de facultades aceptadas por el Gobierno, cocaína o sus sales, eucaína, alfa o beta, opio o preparaciones oficinales de éste, codeína y morfina, heroína, cannabis índica y las demás sustancias de esta misma clase”.
La norma establecía que con la orden podían despacharse estas sustancias una sola vez y máximo tres días después de expedida, además de que el boticario se quedaría con la prescripción médica original.
[…]
Una norma posterior, la Ley 36 de 1939, dispuso que a partir de 1940 solo el Gobierno podría importar drogas que fomentaran “el hábito pernicioso”, para lo cual se destinarían 50.000 pesos del tesoro nacional.
“El producto que se obtenga de la venta en el país de estas drogas, pagando su costo, se destinará a la represión del tráfico ilícito y asistencia de la toxicomanía”, señala dicha ley.
Y agrega: “Los laboratorios particulares podrán fabricar estupefacientes, siempre que se sometan a las disposiciones que para estos casos dicte el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social”.
¿Y por qué no derogan, mejor, las leyes que prohíben el uso de estupefacientes? Porque la norma obsoleta (y en desuso, por cierto) es la que prohíbe el consumo de estupefacientes.
Como apunte curioso, muchas de las leyes que serán derogadas eran normas moralistas, que castigaban actividades inofensivas y sin víctimas como “ser vago”. Nada diferente a la actual prohibición de las drogas — o los embates homofóbicos, contra el aborto, y contra la eutanasia.
A mí es que me queda grande eso de usar el poder coercitivo del Estado para imponer una moral particular. El Estado no está para juzgar moralmente a nadie.
(imagen: Alex Proimos)
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Publicado en De Avanzada por David Osorio
