Desde hace años hay una campaña de satanización del glifosato, sin embargo, el tema no se ha quedado en los círculos conspiranóicos sino que ha infectado la academia, la ciencia y la política pública. En la academia, el tema trascendió con el ‘estudio’ de Daniel Mejía y Adriana Camacho, que pretendía vincular el glifosato con abortos pero, mal que les pese, su ‘estudio’ tiene más fallas que Windows 95.
En la ciencia, la IARC clasificó al herbicida como probablemente cancerígeno, aunque después la EFSA refutó esos hallazgos. El daño ya estaba hecho: Con el informe de la IARC, el ministerio de Salud y Protección Social, en cabeza de Alejandro Gaviria, aprovechó para detener las aspersiones con glifosato — como dije entonces: una decisión correcta por las razones equivocadas.
Recuento todo esto porque el jueves se discutió el tema en el foro “Las verdades científicas sobre el impacto de la aspersión aérea en la salud” en la Universidad del Rosario. Durante el Foro, y de manera decepcionante, el Gobierno se mantuvo en sus 13, insistiendo en mantener la suspensión de las aspersiones, con el muy cacareado principio de precaución, que se volvió la excusa para prohibir cualquier cosa y así no es como funciona — y, de nuevo, yo estoy de acuerdo con suspender las aspersiones, pero no con argumentos endebles y argucias pseudocientíficas, sino porque la “guerra contra las drogas” es un asalto a los DDHH; pero ese es tema para otro día.
Antes del foro, El Espectador entrevistó a Daniel Rico, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y candidato a doctor en criminología y políticas públicas en la Universidad de Maryland, quien hizo los mismos puntos que yo vengo diciendo desde hace más de dos años:
¿Qué ha cambiado desde que se suspendieron las aspersiones?
En el contexto de la evidencia científica no ha cambiado mucho. La decisión del Gobierno fue frente a la incertidumbre, frente a una evidencia científica que no es concluyente.
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¿Quiere decir que no había suficiente evidencia científica para suspender la fumigación?
Precisamente porque no había suficiente evidencia científica se tomó la decisión de suspender las aspersiones. Hay estudios que muestran un bajo nivel de toxicidad y hay otros que muestran un nivel de riesgo alto. Entonces, ante esa duda, lo que se hace es tomar una medida de precaución, que tenemos que entender como temporal.
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Pero Daniel Mejía, de la U. de los Andes, decía que desde 2006 había suficiente soporte para evaluar las políticas de fumigación…
Los estudios se hicieron desde mucho antes, desde 2003 o 2004. Daniel Mejía y Adriana Camacho prepararon un estudio económico, pero ellos no son expertos en salud pública. Es un estudio que tiene muchas debilidades y que es muy importante, porque la Corte lo cita como evidencia. Y eso es problemático porque es un estudio que no ha sido publicado ni ha pasado por un proceso de validación de expertos en salud pública. Se difundía en los medios de comunicación, pero no se difundía en los canales científicos.
[…]
¿Qué es lo que le incomoda de ese estudio?
Mejía y Camacho se excedieron en la interpretación de sus resultados. Fue un estudio que distrajo la atención y que ha sido citado sin contexto por operadores de la justicia. Que la aspersión genera abortos es una aseveración temeraria. Esto se aceptó como una verdad mediática. Hay muchas entrevistas y ni una sola publicación de salud pública de rigor en la que los citen a ellos. Pudo ser un punto de partida para investigar más, pero fue presentado como un punto final. Ninguno de los casos de aborto que presentan es demostrable.
Más o menos lo que yo dije, sólo que menos detallado y más amable.
Cuando se enteró de mis criticas a su ‘estudio’, Daniel Mejía —hoy secretario Distrital de Seguridad— ripostó con descalificaciones personales, diciendo que mis argumentos eran inválidos porque yo no soy economista… porque, de repente, para él, la verdad sólo lo es cuando la dice Agamenón pero no su porquero. Pues ya está un economista diciendo lo que yo dije entonces. (Y es que resulta que antes y después del artículo, me asesoré con economistas, precisamente porque yo no lo soy.)
Otra de las respuestas de Mejía fue decir que el libro donde se publicó su ‘estudio’ sí había sido revisado por pares. Como conté con asesoría previa y posterior, simplemente citaré textualmente lo que me dijo el economista que revisó mi crítica, José María Gallardo (mejor conocido en Internet como Chemazdamundi):
[L]a Econometría NO es el área adecuada para demostrar una correlación de la toxicidad de un producto y menos en el marco de un libro dedicado a análisis posibilistas en ciencias sociales: ése es el área de la Química, Farmacología, Toxicología, etc., y esas áreas ya han hablado y dado su veredicto: el glifosato no es cancerígeno ni tiene tantas maldades como se le atribuyen. En mi opinión, se están aprovechando, y muy poco éticamente, del hecho de que pueden incluir un análisis así DENTRO del marco de un estudio de ciencias SOCIALES, donde saben de sobra que sus pares no lo van a comprobar, comentar o puntualizar PORQUE NO TIENEN CONOCIMIENTOS PARA ELLO. Eso es como si yo hago un libro-tesis sobre el papel logístico en el ejército turco otomano y meto entre medias un estudio donde se demuestre que los soldados mueren por la toxicidad del cuero en sus cinturones. Y, claro, ya vienen después diciendo: “es que sí hay estudios que demuestren que el cuero de los cinturones es tóxico”. NO. Esas afirmaciones corresponden a estudios independientes de las áreas académicas RELEVANTES. Tu artículo es bueno, correcto y sucinto.
Infortunadamente, Mejía reaccionó a las críticas de Rico de manera muy similar a como hizo con las mías.
Cuando El Espectador lo consultó, Mejía respondió a los cuestionamientos de Rico jugando la carta de la víctima, diciendo que el investigador estaba haciendo un ataque personal en su contra (?) e insistiendo en que su ‘estudio’ es serio y que la econometría sí es una herramienta apta para hacer estudios de causalidad biológica (??)… todo esto a pesar de que su artículo sigue sin ser revisado por pares y sigue sin estar publicado en una revista indexada de amplia trayectoria y alto factor de impacto.
Mejía dice que su ‘estudio’ está siendo revisado y será publicado en The Lancet. Pues cuando llegue el momento lo abordaremos allí. Hasta entonces, no es evidencia, de nada, por mucho que les duela a los activistas anti-glifosato y magulle el ego de Daniel Mejía.
Para rematar, Mejía dice que Daniel Rico tiene motivos perversos (no dice cuáles son, claro) y, a la vez, exige que éste señale los que tendría el propio Mejía. Pues no podemos leer mentes, pero hacer cherry picking e ignorar todo lo que no convenía a su conclusión ciertamente no parece el proceder de personas honestas, e indica, por ponerlo suavemente, una seria ausencia de rigurosidad académica.
Es que es muy sencillo: si Mejía está convencido de que el glifosato causa abortos, que haga un estudio (o, tal vez sea mejor, que contrate biólogos, farmacólogos y toxicólogos para que lo hagan ellos), con grupos control, sobre la incidencia de abortos en los lugares donde se hacen/hacían aspersiones. No sé, pero si yo hubiera llegado a una conclusión que me gustara y quisiera que los demás la compartieran, pero hubiera personas cuestionándola y a la vez señalando que hay mejores metodologías para saber si mi hipótesis es cierta, me pondría a ello echando leches — porque los ataques personales son el recurso de quien no tiene cómo defender sus posturas.
Este tema es preocupante no sólo porque no tiene presentación defender como ciertos unos supuestos hallazgos que todavía no han sido revisados por pares ni publicados en revistas indexadas de amplia trayectoria, sino porque, además, ahora Mejía ocupa un cargo público y si así es su proceder, parece muy poco probable que esté dispuesto a implementar políticas basadas en la mejor evidencia disponible, sino que lo hará basado en sesgos ideológicos. ¡Y lo llamará “ciencia”!
(imagen: Wikipedia)
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Publicado en De Avanzada por David Osorio
