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Colombia, Banana Republic — Octubre 2015

Enrique Peñalosa ganó la Alcaldía de Bogotá (y ya anunció su día sin carro).

Natalia Springer presentó el primer avance de su ‘trabajo’ para la Fiscalía General de la Nación — en realidad son unos gráficos públicos y la descripción de unos datos que ya eran conocidos. ¡Por este chistecito, se pagaron 3.085 millones de pesos!

• En un clásico acto de confusión, senador Roy Barreras dijo que los uribistas son los “nuevos terroristas de Colombia” — esa palabra, “nuevo”, no creo que signifique lo que el Senador cree que significa.

• El periodista y columnista Pascual Gaviria —y hermano del ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria— recibió amenazas contra su vida.

• El exviceministro y favorito al puesto de Registrador, Guillermo Reyes, habría plagiado al jurista Juan Fernando Jaramillo Pérez, copiando al pie de la letra casi cuatro capítulos para su libro El nuevo orden político y electoral en Colombia.

Se intentó sobornar a los fiscales que investigan al exgobernador Álvaro Cruz.

• En plena sequía, Casanare se da el lujo de tener escapes de agua.

• La administración Gustavo Petro entregó a dedo un contrato de motos para la Policía.

• Un edificio en Buenaventura amenaza con caer, ya que fue aprobado sin planos ni diseño.

Ibagué no tiene ningún escenario terminado para los Juegos Nacionales

• Durante la gestión de Sandra Morelli, la Contraloría General de la República, para su sede en Armenia, pagó 4.800 millones de pesos por un edificio que apenas costaba 3.150 millones.

• La esposa del magistrado vergüenza Jorge Pretelt trató de influir en el testimonio de Víctor Pacheco. Tal para cual.

• Durante casi dos años, el magistrado Pretelt ignoró un proceso, permitiendo así que una empresa privada que se quede con 20.000 millones de pesos de los impuestos de Santa Marta.

• Como granito de arena para la ‘paz’, el grupo terrorista ELN emboscó a varios militares en Güicán (Boyacá). Murieron 12 uniformados y dos más fueron secuestrados.

• En nombre de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, un abogado quería denunciar que ella fue víctima de torturas que no ocurrieron.

• El abogado Heliodoro Agámez le reclamó al gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, la devolución de los 4.000 millones de pesos que dio para la campaña de Lyons hace cuatro años. Agámez es prófugo de la justicia por robarse el dinero de la educación del Departamento.

• Después de 24 años de servicio, el Coronel John Fernando Huertas, fue despedido de la Policía, a pesar de que en tres instancias, los jueces determinaron que ese despido es ilegal. Según Huertas, hay como 50 casos así.

• El magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba Ramón Jáller Dumar se apareció por la Fiscalía, repartiendo roscas de queso mientras pide que no juzguen a su esposa.

• Parece que la Policía Nacional está manejando doble contabilidad y nóminas paralelas. Cuando la Teniente Coronel Adriana Calle denunció estas irregularidades ante sus jefes, el Mayor General Edgar Orlando Vale Mosquera y el Coronel Óscar Ramos, estos le pidieron que retirara la denuncia y que firmara los documentos falsos, so pena de no ascender.

• La organización Chao Racismo consiguió censurar al Soldado Micolta. (Sí, Sábados Felices es un pésimo programa, donde abundan los chistes malos y burlarse de las condiciones de los ciudadanos —muy a los impresentables de Cantinflas o Roberto Gómez Bolaños—, pero eso no justifica censurarlos.)

• La Policía no hizo absolutamente nada cuando los católicos fundamentalistas del rebaño del padre Chucho atacaron a los manifestantes pacíficos que pedían que el sacerdote deje de hacer misas en el parque vecinal de Castilla.

• Casi todos los medios repitieron la absurda historia de los testigos de Gokú sin molestarse en consultar otra fuente que no fuera el propio padre Chucho, quien instigó a la turbamulta a violentar a los manifestantes pacíficos.

• La Corte Suprema de Justicia cedió al pánico anti-antenas.

Elecciones

• De los nueva magistrados del Consejo Nacional Electoral, cinco (Felipe García, Héctor Helí Rojas, Yolima Carrillo, Carlos Camargo y Emiliano Rivera) presentan graves cuestionamientos y, por lo menos, debieron declararse impedidos al decidir las inhabilidades de los candidatos.

Napoleón Gallo fue un agente de Policía que murió hace 25 años y nunca estuvo en el censo electoral; no obstante, parece que resucitó con el exclusivo propósito de votar en Barranquilla.

• Cuando un residente de Piedecuesta (Santander) intentó quitar la publicidad electoral que pusieron en su puerta sin su permiso, fue apuñalado cuatro veces.

• El alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, habría usado su oficina para ayudar a su candidato, Rafael Martínez.

• La líder de víctimas y candidata a la alcaldía de San Juan Nepomuceno (Bolívar), Mayerlis Angarita, fue víctima de un atentado contra su vida — afortunadamente salió ilesa.

Kiko Gómez, aún desde la cárcel, sigue mandando en La Guajira.

• La campaña de Didier Tavera ordenó empapelar la ciudad en vísperas de elecciones, a pesar de que está prohibido.

• Las alcaldía de Petro puso la maquinaria del Distrito a favor de Clara López.

• El ‘liberalismo’ hizo campaña en Santander repartiendo lechona, empanadas y cerveza.

• En Bucaramanga, la Empresa Pública de Alcantarillado (Empas) estuvo al servicio de la campaña política del clan Aguilar. A su vez, la Alcaldía estuvo al servicio del ‘liberalismo’.

• El grupo terrorista Farc hizo campaña en la zona rural de Tumaco a favor de Víctor Morcillo, candidato de la UP.

• La UP y Claudia Julieta Duque criticaron que La Silla Vacía cuente del apoyo terrorista de las Farc a Morcillo (!).

• El vicepresidente Germán Vargas Lleras se reunió con candidatos políticos, consiguiendo así participar en política a pesar de tenerlo prohibido.

• En Magdalena, las campañas de José Joaquín Vives y Rosa Cotes no tenían propuestas sino una especie de concurso del que tuviera más apoyos cuestionables.

María Isabel Urrutia, candidata de la alcaldía de Cali por la UP, recibió intimidaciones.

• En el municipio La Belleza (Santander), se cambió cemento, arena, ladrillos y baldosas para construcción por votos.

José Carlos Molina, candidato a la alcaldía de Maicao (Guajira) por Cambio Radical, ofreció casas gratis si votaban por él y por Oneida Pinto a la Gobernación.

Dilian Francisca Toro, candidata a la gobernación del Valle del Cauca, aprovechó el sistema de salud para conseguir trece contratos entre un laboratorio clínico de su tía y el hospital público Isaías Duarte.

Luz Elena López, candidata a la alcaldía de Zarzal (Valle del Cauca) recordó a sus seguidores que firmaron unos pagarés, lo que les impediría votar por otros candidatos (?).

Sergio Acevedo, candidato a la alcaldía de Fundación (Magdalena) por el Partido Verde y La U, hizo campaña aprovechando la sequía y escasez de agua.

Álvaro Gómez, candidato a la alcaldía de Une (Cundinamarca) por el ‘Centro’ ‘Democrático’, contó con el apoyo de varios contratistas de la Gobernación, que firmaron sus obligaciones con la esposa y la exesposa del aspirante.

Holger Díaz y Didier Tavera, ambos candidatos a la Gobernación de Santander, tienen procesos abiertos en la Fiscalía. El tercer candidato, Carlos Fernando Sánchez, a pesar de no estar siendo investigado, es ficha del parapolígico Hugo Aguilar.

• El parapolítico y exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra ha salido 70 veces de la cárcel este año; 64 supuestamente para citas médicas.

• En Puerto Gaitán (Meta), armaron un corral para encerrar a los indígenas que fueran a votar y controlar su voto.

• Simpatizantes de la campaña de Daniel López Palencia a la alcaldía de Purísima (Córdoba), detuvieron ilegalmente a dos periodistas.

• Resulta que el propio Daniel López Palencia —¡quien terminó siendo elegido!— es prófugo de la justicia y existe una orden de captrua en su contra.

• En Maicao (Guajira) se compraron votos indígenas a 50 mil pesos — los nativos podrían haber venido desde Venezuela para alterar las elecciones. Parece que detrás de la trashumancia estuvo la campaña de Oneida Pinto.

• En el caso podría estar implicado el alcalde de Hatonuevo (Guajira), Reiner Palmezano Rivero, quien confesó haber puesto 57 millones de pesos para la reelección de Pinto.

Carlos Velásquez, candidato a la alcaldía de Choachí (Cundinamarca) por el ‘Centro’ ‘Democrático’, habría comprado votos.

Nelson Castro, empleado del Acueducto de Bogotá, pidió una licencia no remunerada durante la cual salió elegido Concejal de la ciudad (!). Como no renunció un antes de las elecciones, Castro estaba incurso en inhabilidad.

• Marco Fidel Ramírez fue reelegido.

Bucaramanga está perdida al cristianismo.

Clara López aceptó el apoyo cristiano a su campaña.

Mauricio Jaramillo, candidato a la gobernación de Tolima, hizo campaña con religión indígena.

Violaciones al laicismo

• La gobernación de Valle del Cauca celebró la adquisición de un edificio con una misa.

• El concejal loquito, Marco Fidel Ramírez, quiso imponer la abstinencia por el resto del año.

• Varias iglesias cristianas tienen emisoras piratas con las que usan sin permiso el espacio electromagnético de la Nación. Robar que llaman.

Clara López aceptó el apoyo cristiano a su campaña.

Mauricio Jaramillo, candidato a la gobernación de Tolima, hizo campaña con religión indígena.

• La Policía participó en un plantón machista promovido por el cristianismo.

• La Policía abusó de su autoridad contra los manifestantes pacíficos que exigieron que el padre Chucho deje de hacer misas en el parque vecinal de Castilla.

• La sede de Manizales de la Universidad Nacional está infectada con catolicismo.

Empezó a circular la moneda de Laura Montoya.

(imagen: EFE)

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