En Colombia es extraño encontrar columnas de opinión que defiendan el laicismo. Sí, es mencionado de pasada una que otra vez, cuando el columnista toca un tema más o menos tangencial, pero la estricta separación de Estado e iglesias no suele ser el tema central de estos espacios.
Por eso es reconfortante ver que Fernando Fernández dedicó toda su última columna en Kien y Ke a denunciar los embates religionistas que se gestan desde las entidades del Estado contra este principio civilizatorio:
Los casos de desacato a nuestra Constitución laica pululan y no pocas veces incurren en gastos que se saldan con cargo al erario público, arguyendo que se trata de inversiones en la idiosincrasia, el arte popular, en la creencia mayoritaria o en el mantenimiento del patrimonio cultural, cuando no de la salvaguarda de los valores y moral del país. Es decir se atropella la Carta Magna y el dinero público sin ninguna consideración y a punta de leguleyadas y de irracionalidades tan monumentales como las que suscitan el gasto (que no es lo mismo que inversión).
Tras mencionar los casos del Santísimo y Bogotá Gospel, Fernández se va lanza en ristre contra las prácticas políticas más frecuentes con las que se viola el laicismo en el país:
Quienes abogan directa o soterradamente en pro de una fusión de Estado y religión son muchos, a comenzar por los mismos representantes de las iglesias, pastores o matrimoniados con ellos, los funcionarios públicos (ie. El Procurador Ordóñez), así como los tantos políticos que acuden a los lugares de culto en procura de votos. Todos comprometidos en una batalla de refundición de estos dos conceptos, de cuya acción amalgamada (y nefasta) ya creíamos habernos liberado.
Dicen los adeptos a la mescolanza Estado-iglesias que hay persecución contra ellos, y se envalentonan exponiendo que su Mesías también lo fue hace 2.000 años y que están dispuestos al padecimiento con tal de imponer sus designios, los de ellos, porque los de su dios-hombre (peregrina teoría teológica) nunca lo predicó así. Entonados y con biblia en mano acometen, cruzados del medievo, por todos los medios a justificar sus dislates en baratas controversias de fe y en amagos de democracia. Días vendrán, y debe ser esta nuestra batalla laica permanente para que la sociedad avance y ponga freno y ley a estos elegidos por empresas confesionales y que lo público sea separado de lo religioso claramente; de momento se defienden con amenazas de castigos divinos y con chorros de dinero que vierten a los juristas quienes por ganarlo justifican cualquier causa.
Capítulo aparte merece la invasión del espacio público para ritos religiosos; sin ningún empacho se toman parques y calles para hacer misas, cultos, instalan vociferantes parlantes, obstaculizan el tráfico, molestando al país laico que somos. Vendremos sobre estos abusos en otra ocasión.
Esperaría uno del futuro, y ojalá del próximo, que estas anomalías sean corregidas, que se observe la Constitución laica, que los yerros ilegales sean reembolsados y sus causantes sancionados. Y por último recordar que tenemos, por razones políticas ciertamente, una visita papal pendiente. Se trata de un jefe de Estado, del Vaticano. Son corrientes y a veces necesarias las visitas oficiales de mandatarios de otros países, pero estas deben ser financiadas por el Estado visitante. Que se coordinen los dioses –de los que nos visitan y de los locales– para que haya cumplimiento de la ley, y que ni un centavo del dinero público colombiano sea invertido (digo malgastado) en subsidiar esta innecesaria visita apostólica.
Invito a compartir esta columna a todos los que se preocupan por el privilegio religioso y la separación del Estado y las iglesias, a ver si algún día el laicismo deja de ser un saludo a la bandera y es una política de Estado.