La verdadera libertad de cultos consiste en mantener la estricta separación del Estado y las confesiones religiosas. Es súpersencillo: la política pública y los recursos públicos no se manchan de ninguna forma de religión ni creencia en ningún ser sobrenatural, en las iglesias no se habla de política, y el Estado no se mete en los dogmas, doctrinas y demás ridiculeces religionistas —siempre y cuando estas no atenten contra los DDHH—. De hecho, lo lógico es abolir la libertad religiosa, que ya se encuentra protegida por las libertades de expresión y de asociación — no se necesita una legislación ni una política especial para proteger la práctica religiosa, así como no se necesitan políticas especiales para proteger a los jugadores de poker o las competencias de comer perros calientes, salvo para indicar que el Estado no la promoverá.
Pues no les sorprenderá saber que, en la construcción de una política pública de libertad de cultos (o sea, un proyecto de ley que sólo debería incluir el párrafo anterior en no más de cinco artículos —diez, si se ponen quisquillosos—), el Ministerio del Interior está haciendo todo lo contrario:
El Ministerio del Interior, a través de la Coordinadora para Asuntos Religiosos, Lorena Ríos, Cuellar, reunió en Bogotá, a distintos representantes y líderes de entidades religiosas que desarrollan Capellanías en el país y a los Rectores de las Universidades Corporación Universitaria Reformada, Fundación Universitaria Bautista, Seminario Bíblico de Medellín y la Corporación Universitaria Adventista, con el fin de poder conocer sus trabajos y articular esfuerzos, en aras de consolidar una eventual reglamentación frente a la labor de la asistencia religiosa y Capellanías, como parte de los primeros pasos de la construcción de la Política Pública de Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia.
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“Si queremos una Colombia en paz, entonces se requiere de una participación directa y un compromiso de todos y cada uno de ustedes, como integrantes del sector religioso, convirtiéndose las Capellanías en un servicio estratégico de las Iglesias, por ser las promotoras de la reconciliación y el perdón que tanto necesitamos en nuestro País”, afirmó la Coordinadora Ríos Cuellar, quien además reiteró el reconocimiento del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y del Gobierno Nacional, a su servicio religioso y asistencia pastoral en las distintas regiones del País.
Esta reunión permitió, el establecer los pasos para dar inicio a la construcción de una ruta de acción concertada y unas mesas de trabajo intersectorial, para avanzar y hacer que las Capellanías en Colombia, sean un instrumento eficaz para el desarrollo y la formación integral de los ciudadanos respecto de la realidad y necesidades del país en el marco del postconflicto. Y llevó también a la conclusión acerca de la urgente necesidad de unificar los planes de acción de las Capellanías a través de protocolos que orienten el acceso de las mismas a las instituciones públicas y privadas.
En resumen: reducir la religión a los monoteísmos, que se hable de política en las iglesias, que estas tengan acceso privilegiado a las entidades públicas y confiar en que ellos se encarguen del perdón y la reconciliación. Es como darle dulces a un bebé, o darle la llave de la guardería a un sacerdote.
¿Qué pasa con los que no creemos en ningún dios? ¿Dónde dejan a los hindúes y budistas del país? ¿Por qué no nos tienen en cuenta para la construcción de la política de libertad de cultos? Porque no sé, digo yo, lo que tiene sentido es que las minorías participemos en la construcción de la política que, en teoría, está para que dejemos de ser tratados como ciudadanos de segunda clase.
El proceso de ‘paz’ ya había sido emponzoñado con privilegio religioso, pero esto ya raya en lo absurdo — darle más poder a quienes han sido los principales promotores de la discriminación religiosa (y la intolerancia homofóbica, ateofóbica y machista asociadas) es garantizar que las minorías religiosas y no-religiosas no podremos ejercer nuestra libertad de culto y de conciencia como ciudadanos de pleno derecho.
Claro, por no mencionar que Colombia es un Estado laico, por lo que, en el proceso, el Ministerio está violando el mismo principio que estaría trabajando para defender. En fin: Colombia, Banana Republic.
