Después de un patético berrinche porque el Gobierno reguló la eutanasia —que es legal en Colombia hace 17 años—, la Iglesia decidió llevar las cosas a otro nivel y chantajear al Gobierno, amenazando con cerrar los hospitales a su cargo.
Ante esta postura rematadamente cretina, las organizaciones ateas del país emitieron un comunicado de prensa conjunto que, aunque es breve, pone los puntos sobre las íes:
1. Colombia es un Estado Laico y por esta razón es inadmisible que la Iglesia Católica intente imponer por la fuerza su visión moral a toda la sociedad colombiana.
2. Rechazamos la actitud de desprecio y ataque contra la Corte Constitucional que ha manifestado la Iglesia Católica al calificar al tribunal de dictatorial.
3. Reiteremos el derecho inalienable de cada persona a poder decidir sobre su vida, y también sobre como terminar su vida en momentos de una enfermedad incurable y gran sufrimiento físico y emocional. La muerte es un proceso que hace parte de todos los humanos, y en ese sentido, debe existir una normatividad que permita a cada ciudadano, si así lo desea, de poder tener una muerte digna, en la que su voluntad sea respetada por el Estado y la sociedad en general.
4. Le pedimos al Gobierno Nacional que no se deje presionar por la Iglesia y que garantice la separación entre política y religión.
5. Le exigimos a la Iglesia Católica que respete las instituciones democráticamente constituidas para interpretar la constitución y no presionar cuando sus fallos son contrarios a la doctrina vaticana. Les recordamos que Colombia es un Estado Laico, no una teocracia como la Ciudad del Vaticano.
6. Rechazamos el chantaje que hace la Iglesia Católica a la sociedad y al Gobierno al amenazar con cerrar sus instituciones hospitalarias. Justamente el tema de la eutanasia de libre elección es un asunto de humanidad, al igual que lo es la atención médica.
7. Rechazamos que funcionarios públicos como el procurador general Alejandro Ordoñez y el congresista Jimmy Chamorro se opongan a los fallos de la Corte, anteponiendo sus creencias religiosas al Estado de Derecho. Exigimos el respeto de la laicidad por parte de estos y todos los funcionarios públicos
Desde el 2012 en el Congreso se había planteado el tema de la regulación de la eutanasia, pero la Iglesia metió sus asquerosas garras y consiguió hundir el proyecto.
Como tienen más influencia en el Congreso —que es de las corporaciones más corruptas del país—, es comprensible que cada vez que hay un avance en derechos sociales, la Iglesia pretenda preocuparse por la institucionalidad y diga que le están usurpando las funciones al legislativo — ¡tan demócratas ellos!
Si no los conociera mejor, pensaría que esta vez la Iglesia ha ido demasiado lejos: dejar sin atención a buena parte de la población para exigir que las leyes del país se ajusten a sus dogmas no sólo es antidemocrático, es una canallada de proporciones épicas para con la población más vulnerable: aquellos que requieren servicios y productos de salud. Pero es la Iglesia, la peor mafia jamás creada; una multinacional del crimen con sucursales en todo el mundo. El que se sorprenda por esto es demasiado ingenuo.
El problema se resuelve fácil: los servicios asistenciales y de calidad de vida a cargo de cualquier denominación religiosa deben ser expropiados en el instante en que cualquier representante de esa denominación se ponga a comentar sobre política o a utilizar esos servicios como palanca para chantajear al Gobierno.
