La semana pasada, el Gobierno publicó los preacuerdos alcanzados con el grupo terrorista Farc hasta ahora en el proceso de ‘paz’.
Además de las objeciones al proceso en general (impunidad, privilegio religioso, confiar en la palabra terrorista, hombres de paja en del discurso público, la premiación del crimen y la negligencia a tratar las verdaderas causas del conflicto), ahora conocemos temas que merecen particular atención.
Por ejemplo, el acuerdo 1, trae este punto:
Sistema de seguridad (soberanía) alimentaria: en desarrollo de la obligación de garantizar de manera progresiva el derecho humano a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, con el propósito de erradicar el hambre y en esa medida fomentar la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos de calidad nutricional en cantidad suficiente, el Gobierno Nacional pondrá en marcha un sistema especial de seguridad (soberanía) alimentaria y nutricional para la población rural.
Eso de “seguridad (soberanía) alimentaria” es contradictorio.
La seguridad alimentaria hace referencia a que se asegure la alimentación de toda la población. Asegurarse de que haya suficientes alimentos disponibles para todos.
La soberanía alimentaria, por el contrario, se concentra en el modo de producción. Lo importante no es que todos coman, sino que toda la comida —tan escasa como pueda serlo— sea de producción autóctona. Y si algunos quedan con hambre, de malas.
Esto hay que definirlo, y lo lógico es que se dé prioridad a que todas las personas coman. Sin embargo, en el desarrollo del punto, se menciona una alimentación “culturalmente apropiada”, lo que no tiene ningún sentido — ninguna cultura sensata rechaza una alimentación completa y balanceada por ser ‘inapropiada’ (!).
Así, a primeras, esto puede sonar muy obvio, pero estamos al tanto de la postura antitransgénica terrorista y conocemos muy bien la retórica posmoderna anticientífica y sus excusas culturaloides, como para pasar este punto por alto. Sería un gravísimo error que a partir de este punto el Gobierno acceda a prohibiciones a los transgénicos, bloqueos a la investigación o una producción insuficiente de alimentos por no aprobar estándares ‘culturales’.
Otro aspecto de los preacuerdos publicados que merece mención se encuentra en el acuerdo 4 (todavía no pactan el 3), que versa enteramente sobre una ‘solución’ al ‘problema’ de drogas ilícitas. El documento tiene 24 páginas y no aporta ninguna solución real — sólo paños de agua tibia. El verdadero problema es que las drogas sean ilícitas, así que la solución es legalizarlas y que el Estado deje de entrometerse en los asuntos privados de sus ciudadanos… pero este acuerdo no menciona nada ni remotamente similar.
En cambio, las ‘soluciones’ acordadas seguirán desperdiciando tiempo, recursos, esfuerzo y energía de las tres ramas del Estado y, a la vez, seguirán haciendo sumamente lucrativo (y peligroso) el negocio de las drogas, garantizando quién sabe cuántos muertos más por la mafia, que seguirá existiendo alrededor del narcotráfico.
Todavía son preacuerdos y nada está pactado hasta que todo esté pactado — aún hay tiempo de ponerle algo de lógica al asunto.
(Imagen: Presidencia de la República, Omar Nieto Remolina)
