¿Recuerdan cómo el senador Roy Barreras compró el voto cristiano prometiendo hundir el proyecto de matrimonio igualitario -como hizo- y posponiendo debates legislativos cuando la Iglesia se lo ordena?
Pues eso le valió una demanda de pérdida de investidura; en el proceso la Procuraduría salió a defender a su comerciante de votos favorito:
En su intervención, la delegada del Ministerio Público indicó que no existen pruebas para inferir que el congresista recibiera un beneficio electoral después de haber firmado un supuesto pacto con un grupo de comunidades cristianas del Valle del Cauca.
“No se encuentran los elementos probatorios que permitan inferir que el senador Roy Barreras hubiera incurrido en las causales de tráfico de influencias, indebida destilación de recursos públicos, y conflicto de intereses” aseguró ante los magistrados.
Claro, porque un delito cometido para favorecer la agenda de odio y discriminación del de por sí ya privilegiado cristianismo, deja de ser delito ante los ojos de la Procuraduría secuestrada por Alejandro Ordóñez Maldonado.
No hay peor ciego que el que no quiere ver y así es fácil no encontrar elementos probatorios.
