Una de las piezas más lamentables del ordenamiento jurídico colombiano es ese que le da tratamiento especial a las comunidades indígenas, lo que necesariamente las excluye de participar en igualdad de condiciones en la sociedad; algo que no es que mortifique de a mucho a las mismas comunidades.
Incluso, ese tratamiento privilegiado se da hasta en la cantidad de dinero que se les permite gastar en las campañas políticas:
Mediante la resolución Nª 0228 expedida el 29 de enero de 2013, el Consejo Nacional Electoral CNE, determinó que “toda la lista de los aspirantes a Senado no podrá gastar en total más de $30.188.000.000”.
En cuanto a las listas de candidatos al Senado dentro de la circunscripción nacional especial por comunidades indígenas, el monto máximo será de $334.000.000.
La llamada discriminación positiva sólo sirve para resaltar las diferencias, en vez de cerrar las brechas que existen entre los distintos grupos poblacionales.
