En Colombia, las leyes antidiscriminación, en realidad se vuelven mordazas que atentan contra la libertad de expresión y amenazan con la censura.
Ahora, me encuentro en el mundo al revés, donde los cavernarios atacan esta ley mordaza, mientras que los supuestos progresistas defienden la censura:
Una de las demandas que están en curso la instauró el exsenador cristiano Víctor Velásquez, quien claramente expresa su deseo de que revoquen la ley, al considerarla inconstitucional. Sus argumentos se concentran en cómo pueden chocar el tema religioso y la ley antidiscriminación, pues, según él, la norma va en contravía de las enseñanzas religiosas que reprochan el homosexualismo y, por tal razón, sería ilógico condenar a un pastor que en medio de un acto religioso arremeta contra esta población.
Tristemente, tiene razón. Yo seré todo lo ateo militante que quieran, pero creo que las ideas más retrógradas y fascistas, como el cristianismo, tienen derecho a expresarse en su totalidad en el debate público. ¿Cómo más vamos a saber a qué grado de incivilidad y estupidez nos enfrentamos?
Por esta razón, según Velásquez, “la orientación sexual no debe estar dentro de las causales de penalización de discriminación, porque diversas religiones como la católica, la adventista y la judía consideran dentro de sus libros sagrados la homosexualidad como un comportamiento condenable”. El demandante argumenta que de incluirse penas por discriminación y hostigamiento por orientación sexual, se estaría violando la libertad de religión.
Ahí sí que se equivoca. Tienen libertad para enseñar cuanta idiotez se les ocurra, pero impedir que alguien acceda a un trabajo o envenenar las leyes del país con sus ridículas supersticiones y la discriminación consecuente no es libertad religiosa, es discriminación basada en su privilegio religioso y se tiene que acabar.
Ante este concepto y los posibles fallos de la Corte Constitucional, activistas de derechos de minorías y políticos expresaron su rechazo. Por ejemplo, el senador Carlos Baena, autor del proyecto de ley, señaló que de declararse inexequible la ley sería un retroceso para el país, porque, a pesar de que no haya resultados en la Fiscalía, “la norma ha servido de elemento disuasivo y de control social para que se reprochen tantas conductas discriminatorias”.
Y Baena se equivoca: al Estado no le corresponde decir qué preferencias morales deben adoptar sus ciudadanos; tan sólo aportar un campo de juego equilibrado. (Aunque, en caso de que se lo pregunten: la forma de acabar con la discriminación sería con más educación y menos religión en los colegios. Ahí está la formula, que se negarán a adoptar; entonces también pueden dejar de quejarse.)
En igual sentido se expresó Juan de Dios Mosquera, director del Movimiento Nacional Afrocolombiano Cimarrón, indicó que declarar inexequible la ley sería retroceder en la lucha contra el racismo y la discriminación. “Sería mejor que la Procuraduría presentara un proyecto de ley que perfeccione y enriquezca la norma en vez de eliminarla. La Procuraduría no ha tenido un papel significativo en la lucha contra el racismo, que afecta a más de la mitad del país”.
¡No! Al Estado no le corresponde “luchar contra el racismo”, así como no le corresponde luchar contra la hipótesis económica neoliberal, ni estar a favor de ninguna ideología. Sólo le corresponde dejar que sus ciudadanos elijan libremente la filosofía de vida que sea más acorde con sus valores (o la falta de los mismos, como en los casos de la homofobia y el racismo).
Según Blanca Durán, activista Lgbti y exalcaldesa de la localidad de Chapinero en Bogotá, en el país se debe respetar la libertad de expresión, pero esta no puede ir en contra de las minorías ni fomentar un discurso de odio que lleve a asesinatos y agresiones.
O sea, según Blanca Durán, no se debe respetar la libertad de expresión, porque básicamente en eso consiste la libertad de expresión: decirle a los otros lo que no quieren oír. ¡Censura es sólo permitir los discursos políticamente correctos!
(vía Ferney Rodríguez)
