Resulta que en Colombia, la ley dice que las mujeres tienen ciertos derechos sexuales y reproductivos, sobre los cuales, los funcionarios judiciales deben informarles de manera completa.
¿Y qué haría sonreír a Alejandro Ordóñez, enemigo número uno de los derechos sexuales y reproductivos? Pues que los funcionarios no le están informando a las mujeres:
De acuerdo con cifras divulgadas por la Procuraduría General de la Nación, que indagó entre 841 comisarias de familia en el territorio nacional, solo en 484 se brindó orientación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que en 827 despachos se informó sobre los servicios de atención psicosocial, 634 informaron sobre los medicamentos para prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH Sida.
Lo que faltaba – que algún capullo obstaculice que las víctimas de violencia sexual ejerzan plenamente sus derechos.
