No nos hemos repuesto por completo de la aprobación en el Congreso del marco jurídico para la impunidad, ni de la deforma a la justicia y esos perezosos ya han preparado un nuevo proyecto de ley ideado para aumentar nuestra carga impositiva.
Se trata del Código de Tránsito:
1. En el parágrafo 6 del artículo 15 del proyecto de ley se crea el Sistema Integrado de Seguridad, que además de generar sobrecostos para los usuarios y el erario, duplicaría algunas de las funciones del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Los legisladores ponentes justifican este nuevo sistema ante los reiterados problemas y deficiencias del Runt. “La idea es crear una especie de ‘historia clínica’ que permita identificar en tiempo real cómo les fue a los conductores con los exámenes médicos y de aptitud motriz”, explicó el coordinador ponente, Luis Guillermo Barrera. No obstante, el Gobierno considera que esto ya es competencia del Runt –que hace unos años también generó costos para los usuarios– y que se abre la puerta para que los CRC validen información de manera discrecional.
2. En el artículo 28 se propone que la revisión técnico-mecánica para vehículos nuevos se haga a partir de los tres años de matriculado el automotor y no a los seis, como está vigente en la actualidad. Con la aprobación de esta norma, unos 500.000 vehículos de modelos recientes se verían obligados a pasar este año por los CDA. Este negocio dejaría en las arcas de los CDA al menos $100.000 millones anuales. El representante Barrera alega que muchos vehículos de modelo reciente no cumplen con las medidas de seguridad mínimas, posición totalmente contraria a la del Gobierno, cuya política es reducir al máximo los trámites innecesarios.
3. Otra de las normas incluidas en el articulado (parágrafo 2, artículo 15) obligaría a los conductores a volver a tomarse los exámenes de aptitud física, médica y motriz cuando se tramite un duplicado de licencia de conducción. En la actualidad, estos requisitos solo se exigen para la refrendación o expedición por primera vez. En otras palabras, si usted saca su licencia hoy y mañana se la roban, debe volver a sacar y pagar los exámenes. Absurdo.
4. El Plan Nacional de Desarrollo incorporó la placa electrónica (Sistema Nacional de Identificación Electrónica Vehicular). Se trata de un chip o dispositivo que estará adherido a las placas de vehículos y motos y que servirá para detectar desde morosos de multas, evasores, vehículos robados o gemeleados hasta el cobro automatizado de peajes o zonas de congestión. La idea es instalar lectores electrónicos en las vías que permitan detectar en tiempo real a los infractores. El artículo 31 del mencionado proyecto establece que dicha instalación correrá por cuenta de los CDA. Otro millonario mico, pues el dispositivo tendría un costo aproximado de US$3 que, sumado a la instalación en cerca de diez millones de automóviles, puede dejar jugosas ganancias. Barrera explica que sería gratuito para los usuarios, pero el Gobierno tendría que pagar el chip; es decir, los ciudadanos lo terminarían pagando vía impuestos.
5. Otro artículo polémico es el 34. En este se establece que los organismos de tránsito deberán reportar diariamente al Sistema Integrado de Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit) los comparendos impuestos, para que ese organismo –manejado por la controvertida Federación Colombiana de Municipios– entregue dicha información al Runt. De acuerdo con el Gobierno, en la actualidad el Runt no cobra por este servicio, el Simit sí lo hace descontando 10% del valor de la infracción. Se trata de un negocio muy rentable, si se tiene en cuenta que en promedio se registran unas 300.000 multas e infracciones al año.
