El poco respeto que me queda por Felipe Zuleta Lleras se está desvaneciendo a pasos agigantados.
Hace tres semanas salió a gimotear porque el superintendente de Industria y Comercio esté haciendo su trabajo. Como su pataleta en favor de productos engañan a los consumidores fue ignorada olímpicamente, ahora vuelve a la carga, anunciando acciones jurídicas:
El superintendente no ha contestado, pues intuyo que está metido en un lío muy grave, como consecuencia de haberle impuesto una sanción al producto Revertrex, pues tal como lo han sostenido expertos en el tema, esa sanción no se ajusta a la legalidad que rige la publicidad engañosa. Sólo falta que por tratar de ratificarse en una decisión a todas luces equivocada, la Superintendencia decida ratificarse en su conducta, rayando, según me manifiestan algunos penalistas, en la tipicidad que consagra el delito de prevaricato.
Si la Superintendencia atiende, o mejor, desatiende así los derechos de petición, no quiero imaginarme cómo tramitará las miles de quejas de los consumidores. Y dizque el país se modernizó con el nuevo Estatuto del Consumidor.
Sería conveniente que a su vez el procurador general, doctor Alejandro Ordóñez, inicie, como consecuencia de esta columna, la respectiva investigación disciplinaria en contra de los funcionarios de la Superintendencia que se abstienen de contestarles a los ciudadanos sus derechos de petición y sus quejas. Alguien tiene que velar por el cumplimiento de la ley, que en flagrancia desconocen el superintendente y sus inmediatos colaboradores.
Pues yo no sé qué penalistas estará consultando Zuleta Lleras, pero ciertamente no parecen ser los mejores.
Ahora, para ser alguien que dice “velar por el cumplimiento de la ley”, Zuleta resulta ser la persona menos indicada, pues no hay forma de garantizar que va a velar por la rigurosa aplicación de la ley si ni siquiera está en capacidad de distinguir entre un sencillo eslogan y una afirmación de veracidad, hecha con toda la seriedad del caso para vender un producto milagro aprovechándose de las expectativas de los potenciales clientes.
Aunque ya que es tan gatillo feliz a la hora de desgastar inútilmente el aparato de justicia estatal, no estaría de más someterlo a un poco de su propia medicina y que le abran una investigación por presentar derechos de petición defendiendo a los más disparatados charlatanes.
Hay que ser muy capullo para intentar obstaculizar la acción del único ente estatal colombiano que funciona decentemente.
