Casi todas las veces que he mencionado al impresentable procurador Alejandro Ordóñez, lo he hecho recordando que es un aborto de la Inquisición o señalándolo de ser un remedo de Torquemada (Y que Torquemada me disculpe).
Pues bien, ese mal hábito de perseguir a los que no suscriben su estúpida superstición ha llegado a extremos que harían que un nazi retroceda:
Con ocasión de otra sentencia (T- 585/10) en que se le daba la razón a una joven madre que ya había tenido cuatro embarazos (todos clasificados como de alto riesgo porque había sufrido pérdidas espontáneas y preclampsia), y a la cual el Sisbén no quiso practicarle el aborto, la Procuraduría obtuvo, en el juzgado donde se adelantó la queja, los datos de la señora y la denunció penalmente por haberse sometido a un aborto clandestino cuando el sistema de salud le cerró las puertas. Valiéndose de algunas informaciones que se incluyeron en el escrito del tribunal, la Procuraduría consiguió también a una médica que la examinó y le pidió una declaración para usarla en contra de la mujer. Y, por si fuera poco, entabló denuncia penal contra los dos magistrados que firmaron la sentencia. Además de negar, de nuevo, la nulidad pedida por la Procuraduría, la Corte compulsó copias al Consejo de la Judicatura para que investigue al juez por desproteger la reserva, le envió copia al Tribunal de Ética Médica para lo propio con la profesional del hospital y al fiscal general para lo de su competencia (Comunicado No. 8 de febrero 28, 2012).
Así es: ese indeseable violó toda la reserva judicial e hizo público el nombre de una mujer que había sufrido un gran trauma para perseguirla por no traer al mundo a un niño a pasar hambre. No puedo esperar menos de un católico ultrafundamentalista.
Entre más fanáticos, más cretinos.
