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CBR: Anticiencia y anti-DDHH

Ayy, Colombia, Colombia, Colombia. ¿Cuánta vergüenza me seguirás generando?

Al paso que vamos, mucha.

Por un lado, resulta que el poco presupuesto de Ciencia, Tecnología, investigación y desarrollo ha sido repartido de una manera increíblemente estúpida:

Están a punto de botar a la caneca 800.000 millones de pesos. Será, eso sí, un despilfarro repartido por la geografía nacional, para que nadie se sienta discriminado. Dejarán que se pudra una abultada tula en Amazonas, otra en Guajira, Meta, Casanare, Chocó, Córdoba, Atlántico…

La cifra corresponde al 10 por ciento de las regalías, cantidad que el Gobierno quiso destinar para impulsar la Ciencia, Tecnología e Innovación, siempre tan olvidadas. Sería un loable esfuerzo, que Colombia requería desde hace décadas, si no fuera porque le dieron la llave de la caja a una persona que prefiere actuar como político antes que como académico. ¿Y qué hizo? Poner en práctica el método de distribución favorito del Congreso: un trozo para cada uno y todos tan contentos. Además, serán los gobernadores y alcaldes, que no los científicos, los encargados de decidir en últimas el destino de cada partida; qué susto.

Mejor dicho: enviarán plata del presupuesto de la Ciencia a lugares en donde no podrá ser aprovechada… sino distribuida.

(dato: Calavera Surfer)

En una nota más lúgubre, Colombia sigue siendo un estado violador de DDHH:

La CIDH considera que Colombia, Venezuela, Cuba y Honduras necesitan mejorar urgentemente su respeto a los derechos humanos, según indicó hoy en su informe anual, que no presenta cambios en esa “lista negra” respecto al año pasado.

Respecto a Colombia, la Comisión muestra su preocupación por los “reductos no desmovilizados de las estructuras paramilitares” y la consolidación de nuevos grupos armados, junto a la comisión de ejecuciones extrajudiciales “presuntamente por miembros de la Fuerza Pública” y las escasas condenas por esos hechos.

También lamenta el “grave problema del desplazamiento interno” en el país y valora la aprobación en junio de 2011 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pero al mismo tiempo señala la necesidad de implementar más medidas que fomenten la “restitución efectiva de tierras”, dada la persistencia de la violencia.

Nada grita Banana Republic más claramente que despilfarrar el escaso presupuesto de la ciencia y violar los Derechos Humanos.

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