Este país va de mal en peor. Mientras que en esta Semana Santa, los funcionarios públicos han destinado dinero de los contribuyentes a promover la superstición en todo el territorio nacional -desde el Jardín Botánico, hasta Antioquia, pasando por Girardot-, la Procuraduría, el órgano que debería investigar, juzgar y destituir por eso, está pendiente de otras cosas.
Resulta que para ese católico ultramontano que es el procurador Alejandro Ordóñez, es más importante velar por el bienestar económico de una EPS privada que por los dineros públicos que se utilizan para violar la Constitución:
La Procuraduría General le solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional que declare la nulidad de una tutela con la que se revocó una decisión de única instancia con la que se había negado la solicitud de una mujer para que se le practicara un aborto a su hija menor de edad.
Para el Ministerio Público se cometió una extralimitación de funciones al condenar a la EPS que no hizo el aborto, a indemnizar a la familia de la adolescente por “todos los perjuicios supuestamente causados a la menor de edad al no habérsele permitido abortar”, así como a asumir los costos del tratamiento médico del recién nacido.
A mí no me cabe duda de que Ordóñez no sólo viola la Constitución, sino que pretende, por medio de su superstición, meterse a la fuerza en la vagina de las mujeres que no siguen las estúpidas reglas de sus amos mentales. Es lo que yo llamo “violación”.
