¿Quién lo diría? Yo no. Nunca me imaginé que llegaría este momento pero finalmente pasó.
Resulta que Gilma Jiménez ha hecho algo sensato. No fue totalmente racional, pero es más de lo que esperaría de ella:
Ante los aberrantes casos de abusos y violaciones continuas a los derechos de los niños y niñas indígenas por parte de miembros de sus propias comunidades o de otras personas, la senadora Gilma Jiménez le solicitó a la Corte Constitucional que se pronuncie para que de manera clara le informe a todo el país, si los derechos de los menores indígenas son los mismos derechos de los demás niños colombianos.
En este sentido mediante carta, solicitó a la Corte que se aclare si un delito cometido contra los menores indígenas, por miembros de sus propias comunidades, debe ser juzgado bajo los preceptos constitucionales y legales vigentes en Colombia en materia penal, independientemente de la identidad de los agresores. O si por el contrario, por la identidad de los agresores significa un tratamiento especial y diferencial en lo penal, en detrimento de los derechos de los niños y niñas víctimas.
A ver, señora Jiménez: cuando la Constitución establece que las tribus nativas podrán ejercer sus propias leyes sin contrariar el ordenamiento jurídico nacional, significa exactamente eso – que los nativos pueden tener sus reglas siempre y cuando se ajusten al derecho, a nuestro derecho, al del estado moderno. ¡Sean niños o adultos!
Ahora sólo queda esperar que la Corte Constitucional también note la amenaza que se cierne con esa discriminación étnica, jurídica, religiosa, económica y social de que no todos seamos iguales ante la ley y de que haya unos más iguales que otros dependiendo del lugar y la comunidad donde nacieron.
