El credo neoliberal de Álvaro Uribe siempre cacareaba que había conseguido tres cosas: seguridad democrática (que ni la una, ni la otra, ni las dos combinadas), confianza inversionista (que los extranjeros vengan a crear trabajo acá) y cohesión social (que es lo que siempre he entendido por TransMilenio: más gente, menos espacio).
Como con todas las políticas económicas desreguladas, esta fórmula incluye una receta para el desastre que está empezando a mostrar sus fauces. Los “inversores” extranjeros están denunciando penalmente a los periodistas por pánico económico, para buscar censurar las voces que señalan las irregularidades, infracciones, movidas ilegales y hasta delitos que cometen dichos inversores.
La denuncia fue hecha en un editorial por Héctor Hernández, director de la agencia de noticias económica Primera Página. En solidaridad con los colegas a los que están tratando de silenciar estos avaros gallinazos inversionistas, reproduzco el artículo en su totalidad:
Una nueva modalidad para someter a la prensa y coartar su libertad ha empezado a hacer carrera en Colombia.Y si el país, sus instituciones, su justicia, los diferentes medios de comunicación y las distintas organizaciones del periodismo no reaccionan, la nueva práctica, la de amordazar a la prensa mediante el acoso judicial ó matoneo judicial, se abrirá paso en detrimento de toda la sociedad colombiana.
Esta innovadora forma de atacar a la prensa hace caso omiso no sólo de las buenas costumbres para interactuar con la prensa sino de la legislación colombiana que traza para el ejercicio del periodismo unos parámetros amplios, como ocurre en cualquier país civilizado del mundo. Acuden a la práctica de denunciar penalmente a los periodistas por pánico económico. Y lo más irónico es que esta modalidad la están impulsando empresarios forasteros a los que el país les ha abierto sus puertas, pues han llegado huyendo de los atropellos y de los abusos de poder que se han impuesto en su nación por orden presidencial.
Y la mejor manera de agradecer esa hospitalidad es pisoteando uno de los pilares de la democracia colombiana, como es la libertad de expresión, específicamente la libertad de prensa. Este es un derecho fundamental de nuestra Constitución y de las más grandes democracias del mundo. No es gratuito que en Estados Unidos la libertad de prensa haga parte de la primera enmienda de su Carta Política.
Bienvenida la inversión extranjera, para ayudar al desarrollo del país. Bienvenidos los empresarios venezolanos que saben sacarle el jugo a la explotación petrolera. Pero no son bienvenidas las estrategias poco limpias de algunos de ellos de llenar de demandas a todo periodista que pretenda informar sobre lo malo y lo feo de sus prácticas empresariales. Dada su riqueza económica, adquirida en buena parte en la propia Colombia, no pueden abusar de su poder ni atropellar. Esto, precisamente, fue lo que a algunos de los accionistas de Alange Energy, Pacific Rubiales y empresas similares los sacó corriendo de Venezuela. Eso no lo pueden olvidar.
Después de la quiebra del poderoso Grupo Grancolombiano, a comienzos de los años 80, el empresariado colombiano entendió el importante papel de la prensa. No obstante los diversos informes periodísticos que se publican sobre los empresarios nacionales, éstos han sido gallardos. Hasta hoy nunca he visto a un Luis Carlos Sarmiento Angulo, o a un José Alejandro Cortés, o a algún directivo del Grupo Santo Domingo o del llamado Sindicato Antioqueño, etc., persiguiendo judicialmente a un periodista, haciéndole matoneo judicial.
A Héctor Mario Rodríguez, el editor general de Primera Página, se le denunció penalmente por el delito de pánico económico, porque se le quieren achacar los errores que cometió Alange Energy, hoy Petro Magdalena, que le costó el puesto a varios de sus directivos y que hizo retroceder el precio de su acción en cerca de un 50%. Héctor Mario se limitó a reproducir en tiempo real la información que la misma empresa publicaba sobre sus reservas petroleras, sus estados financieros (con las correcciones a la baja que la misma empresa hacía), sus litigios y los comentarios y análisis que en el exterior se producían sobre la evolución de la misma compañía. Todo lo que ha venido haciendo el editor general de Primera Página es una “supervisión” informativa permanente de las empresas que están entrando al país y que están buscando atraer a pequeños inversionistas para que compren sus acciones.
Por eso la importancia de un editorial reciente del diario La República, cuando plantea que “es fundamental para aumentar confianza, crecer en credibilidad y sobre todo atraer inversiones de calidad en el largo plazo, que los anuncios sobre aumentos en las reservas petroleras del país estén avalados por firmas certificadoras de renombre internacional que “sinceren” los impactos de los avances exploratorios en las bolsas, ya que pueden ocasionar falsas expectativas en el mercado secundario con graves perjuicios para los inversionistas”.
Como muy bien lo registró hace poco un documento académico del Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV), “la prensa financiera especializada puede ser una fuente importante de reportes sobre las fallas en la revelación de información, aun cuando las normas existentes sobre difamación puedan presentarse como una amenaza, toda vez que permiten a los administradores demandar a quienes los critican (usando los fondos de la empresa), con el fin de detener o apaciguar la presentación de sus informes”.
Eso es lo que están pretendiendo hacer con el matoneo judicial a los periodistas colombianos algunas empresas de socios venezolanos, como Alange Energy. En Colombia no están acudiendo a la difamación sino al pánico económico. Pero el matoneo judicial no es de ahora. Desde hace un año Alange Energy viene intentando sin éxito que las cortes de Miami, Estados Unidos, y Ontario, Canadá, tramiten acciones, ahí sí, por difamación, como lo plantea el documento del AMV. La petrolera hacía llegar fotocopias informales de sus demandas en el exterior, cada vez que el editor general Héctor Mario Rodríguez tocaba en sus escritos a la petrolera o a algunos de sus accionistas, que también lo son de Pacific Rubiales. Todo un acoso judicial, que se trasladó a Colombia tan pronto se enteraron que en el exterior no habían logrado su objetivo: en menos de una semana llegaron ocho notificaciones de la Fiscalía sobre el caso de pánico económico.
Y por eso el documento del AMV advierte que “en un país sin tribunales ni fiscales honestos los periodistas son más vulnerables ante este tipo de amenazas”. Hasta hoy la justicia colombiana, la Fiscalía y la Procuraduría han comprendido el papel relevante que ocupan los periodistas en la sociedad.
Se quiere dejar en claro que Héctor Mario Rodríguez y Primera Página – Agencia de Noticias están comprometidos, más que nunca, no obstante el matoneo judicial, con “un periodismo financiero activo…, que pueda (…) descubrir y denunciar la declaración de información engañosa o falsa, y criticar, cuando sea necesario, a los administradores o controlantes de las compañías, así como a los banqueros de inversión y a los abogados del sector bursátil”, reza uno de los apartes del documento académico del AMV.
Pero más singular aún que algunos de estos empresarios venezolanos estén buscando tener la doble connotación de acosar judicialmente a los periodistas y, a la vez, querer ser colegas suyos: están atacando la misma esencia del negocio periodístico, mediante su diversificación que contempla la adquisición de una porción accionaria de algunos medios de comunicación nacionales. Al mismo tiempo, han iniciado una gigante andanada publicitaria en la prensa colombiana.
Quiero recordarles a esos pocos inversionistas venezolanos que están empeñados en amedrentar a la prensa, en someterla y ponerle mordaza, que en Colombia los que han seguido este camino o están en la cárcel o han desaparecido. El Grupo Grancolombiano y la mafia del narcotráfico quisieron someter a El Espectador. Y hoy, años después, varios de los mafiosos fueron dados de baja, o murieron en su ley, o están en prisión. Y el citado conglomerado financiero ya no existe. En cambio, El Espectador se está dando el lujo de cumplir 125 años de existencia. Y seguirá cumpliendo muchos más. Tanto el editor general como el director de Primera Página – Agencia de Noticias hicieron parte de El Espectador en esa época difícil de los años 80 y 90 y vivieron en carne propia la presión que a diario recibían primero los Cano, dueños entonces de este periódico, y luego toda la redacción. Así es que ya se ha hecho el curso en materia de presiones indebidas.
