Entender que a nadie se le deben vulnerar sus derechos y que las escuchas y los seguimientos deben hacerse mediante la autorización expresa de un juez es uno de los mínimos estándares de la democracia.
Otra base de las democracias es que el Gobierno no trate preferencialmente a nadie. Como ahora hace con Piedad Córdoba.
Resulta que la exsenadora dice que la Policía le está haciendo seguimientos ilegales y el gobierno sale a tratarla preferencialmente:
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, le pidió que “ponga las denuncias correspondientes ante la autoridad del caso”, sobre nuevos seguimientos en su contra.
Llegado el caso, el Gobierno está dispuesto a presentar las denuncia del caso a nombre de la exsenadora Piedad Córdoba.
“Por supuesto ella debe tener las mismas ventajas y libertades de las cuales goza todo el mundo”, sostuvo. En ese sentido, Esguerra dijo que “no es política de este Gobierno estar haciendo seguimientos o interceptaciones”.
¿Cómo? ¿El gobierno presentará la denuncia llegado el caso? Eso no es tener las mismas ventajas y libertades de las cuales goza todo el mundo.
Si yo me pongo a decir que miembros de la Policía cometieron un delito y eso no es cierto, el gobierno nunca me va a decir que ellos presentan la denuncia por mí.
En el mejor de los casos, no harán nada. Y en el peor de los casos me demandarán por difamar la institución. Así es como funcionan “las libertades de las cuales goza todo el mundo”: cada quien responde por cómo las utiliza.
¿Qué está esperando el gobierno para demandar a Córdoba?
