El día que Alejandro Ordóñez se postuló para ser reelegido en el cargo de Procurador, para seguir haciendo todo lo contrario que el cargo le exige, salieron todos los politiqueros, liberales, conservadores, a aplaudir su auto-postulación (algo que le corresponde al Presidente) y decir que ese aborto de la Inquisición es un adalid en la lucha contra la corrupción.
Menos mal Ramiro Bejarano nos recuerda que eso no es cierto:
Ya nadie recuerda que en pleno reinado del expresidente Uribe recibió un proyecto de fallo sancionatorio contra Sabas Pretelt, que cercenó para absolverlo, pero una vez ido del poder el exmandatario sí vio lo que antes sus cálculos no le dejaron ver. Lo mismo ocurrió con el exministro Diego Palacios, también groseramente exonerado por el suceso del cohecho con Yidis Medina, cuando aquí no se respiraba sino uribismo. Igual aconteció con el “curita” César Mauricio Velásquez, absuelto sin convencer, para que pudiera irse a recibir las bendiciones papales. Extraña forma de administrar justicia: mientras se está en el poder todos son inocentes a pesar de las pesadas evidencias en su contra.
Las prevaricadoras exoneraciones o sanciones livianas impuestas por Ordóñez también han premiado a sus amigos conservadores. ¿Qué ha pasado con las investigaciones contra el expresidente del conservatismo, José Darío Salazar? ¿Y qué sucede con las otras indagaciones contra otros copartidarios goditos?
Con respecto a eso de los copartidarios retrofachos de Ordóñez, nos acabamos de enterar que archivaron la investigación contra ese impresentable cretino que es Juan Manuel Corzo. ¡Viva la impunidad (conservadora)!
Sigue Bejarano:
También se ha perdido en la memoria colectiva que ese procurador fue el mismo que en el proceso ante la Corte Constitucional no encontró un solo vicio a la tramposa ley del referendo con la que el uribismo pretendía perpetuarse en el poder. Por eso su concepto fue ignorado en el histórico fallo.
Valdría la pena que se supiera por qué la doctora Ana María Silva, una de sus más cercanas subalternas, quien despacha en una oficina contigua de la de Ordóñez, recibe a diario la romería de parlamentarios. ¿A qué van con tanta frecuencia los congresistas al despacho de quien los investiga disciplinariamente, el mismo que podrían reelegir?
Pero el río revuelto de esa corruptela silenciosa es mucho más denso. Recientemente la contralora ha iniciado una investigación contra el Consejo de la Judicatura por el carrusel de las pensiones que ha tenido mucho ruido, pero le pregunto: ¿por qué no manda también sus investigadores a la Procuraduría? Seguramente encontrarán que Ordóñez fue el autor de la circular 054 de 2010, con la cual impuso su criterio para que se reconozcan las pensiones con régimen especial. Sería bueno que la Contraloría estableciera lo que se comenta reiteradamente, acerca de que en la Procuraduría se han pensionado recientemente muchas personas en situaciones semejantes a las que hoy tienen sumida en el escándalo a la Judicatura, o se han nombrado otras que pronto tendrán su jugosa pensión, como el doctor José Gregorio Bautista y otros más, unos por amistad personal y otros por motivos políticos.
¡Pues vaya adalid contra la corrupción! Y pensar que tiene a todos los congresistas y magistrados muertos del susto, que no se atreven a decir nada sobre el tipejo ni denunciar sus asquerosos y tenebrosos ataques contra la laicidad del Estado.
Y los que lo hacen, como el Polo Demagógico Alternativo, olvidan convenientemente que ellos han hecho lo mismo que Ordóñez y que ese católico ultramontano fue elegido con una gran cuota de sus congresistas (uno de los cuales fue nombrado luego presidente del partido).
