La Comisión Nacional de Televisión (CNTV) era un órgano independiente y corrupto que le costaba millonadas de pesos al estado colombiano y cuyos altos funcionarios cobraban sospechosamente altos sueldos por un trabajo relativamente sencillo y muy mal hecho, toda vez que los canales -los campeadores dos canales privados- siempre hacían lo que se les daba la gana: poner banners que ocuparan la mitad inferior de la pantalla, correr su programación sin ningún tipo de aviso, recortar las películas como si se tratara de Ed, Manos de Tijera haciendo alguna travesura -¡y siempre quitando las escenas ni siquiera de sexo sino tan simplemente eróticas o sugerentes!-, etc.
Por todas estas razones la CNTV se ganó una merecida desarticulación y en el Congreso decidieron que sus funciones pasarían a depender de tres órganos. Ahora, gracias a mi profesor de Legislación en Comunicación, Juan Carlos Garzón, quien hace parte del sindicato de la CNTV, me entero de que la regulación de la televisión quedará completamente en manos del gobierno:
El motivo de la discordia fue que el cheque en blanco que en nombre de la convergencia tecnológica, el Congreso de la República, le expidió al Gobierno del Presidente Santos para liquidar la CNTV, y reestructurar institucionalmente el sector de la televisión, entre otros, había sido cobrado por ventanilla, a nombre del retorno de la concentración del control de la televisión en manos del poder ejecutivo en Colombia, y ni siquiera, se tuvo la mínima consideración de incluir un artículo para la protección de los derechos laborales de los trabajadores de la CNTV. Demanda que había sido expresamente formulada por algunos Congresistas en el trámite del Acto Legislativo que buscaba eliminar la CNTV.
Este proyecto de Ley que, de ser aprobado en tales condiciones, será un firme candidato a sumarse a las demandas que por Inconstitucionalidad por “Sustitución de la Constitución”, hoy ya cursan, ante la Corte Constitucional, contra el Acto Legislativo 02de 2011, pues recordemos que fue voluntad inequívoca de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, impedir que en Colombia, la televisión fuera controlada por las mayorías políticas transitorias, las fuerzas económicas dominantes, o los demás poderes del Estado, incluido el poder ejecutivo presidencial.
Esto es totalmente perverso. Si los canales de televisión ya son lo suficientemente lamezuelas con el gobierno (tanto que a RCN todavía le dicen Radio Casa de Nariño), ahora no quiero ni imaginarme cómo serán de lambones y acríticos cuando dependan completamente del Ejecutivo.
