A lo mejor ése no sea el término exacto. Tal vez les quedé mejor el de pusilánimes, arrodillados y cretinos.
Resulta que, una vez más, una instancia judicial -la Sala Disciplinaria del CSJ- perdona los delitos y las faltas disciplinarias del Torquemada colombiano, Alejandro Ordóñez:
La Sala Disciplinaria del Consejo de Superior de la Judicatura rechazó la tutela presentada por la ONG Women’s Link World Wide contra el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado por su presunta participación en la violación de los derechos a la información frente a sus declaraciones sobre métodos anticonceptivos.
Todos ellos cobardes, que no han sido capaces de hacer respetar ya no sólo los derechos de las mujeres, sino de todos los colombianos, vilmente manchados de fachocatolicismo por ese analfabeta funcional, descerebrado que es Alejandro Ordóñez, fundamentalista donde los haya.
Y todavía no he podido decidir cuál de las razones que adujeron para declarar la inocencia del más que culpable antiProcurador fue la más estúpida:
En su decisión del alto tribunal consideró que la denuncia en contra del jefe del Ministerio Público es improcedente por varios aspectos como la falta de inmediatez y por encontrarse frente a hechos superados, ya que muchos de los pronunciamientos que se califican como parciales o tergiversados datan de hace dos años o varios meses.
En primer lugar, la justicia en Colombia se toma bastante tiempo. Hay un retraso en los despachos judiciales de muchos años. Sé de primera mano que hay juicios que entraron hace 10 años para sentencia -o sea, ya se agotaron todas las instancias de presentar pruebas y alegatos- en el Consejo de Estado y los magistrados nada que se pronuncian. Ningún juez de la república está en posición de decir que una denuncia “llega tarde”. Eso es un nuevo récord en el colmo de la hipocresía.
Para mí, es más importante que el Ministerio Público cumpla con su deber tal y como es, a que la denuncia de este actuar ilegal e inconstitucional -aunque muy bíblico- llegue con unos días de retraso. Parece que los magistrados tienen otras prioridades…
Igualmente se señala que la Procuraduría ha procedido a rendir el informe que le fue solicitado y a realizar las campañas ordenadas por la Corte Constitucional, sobre estos temas relacionados con la reproducción sexual.
Después de una constante campaña de mentiras y desinformación al público, que entre sus consecuencias tuvo que la clínica de la mujer en Medellín fuera cualquier tipo de clínica, menos una de la mujer, ya que el católico ultramontano ese presionó al alcalde -también un cobarde pusilánime- para que no se cumpliera la sentencia de la Corte y finalmente en la clínica de la mujer no se practican abortos.
Otro aspecto es que las accionantes “no se encuentran legitimadas para actuar a nombre de otras mujeres colombianas, o de las niñas o niños o adolescentes” en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, o para acceder a métodos anticonceptivos diferentes a los quirúrgicos, o para acceder a servicios de salud sin obstáculos de objeción de conciencia.
Esta es la mayor cretinada que he visto en un buen tiempo de un alto órgano de la rama judicial del país. Cualquiera está legitimado y autorizado para actuar a nombre de otro si eso implica la mejoría en sus derechos. Además asumir que las “otras mujeres colombianas” y “las niñas o niños o adolescentes” están siquiera en la capacidad de interponer una denuncia por ellos mismos -eso por no decir que permanecen completamente ignorantes sobre qué derechos tienen-, resulta incluso ilegal. Cualquiera puede utilizar los mecanismos judiciales y legales debidamente dispuestos para mejorar la condición de alguien más.
Eso, por no mencionar que todos los ciudadanos estamos en la obligación de denunciar las faltas disciplinarias y los delitos cometidos por los funcionarios públicos. No haberlos denunciado habría constituido la comisión del delito de omisión de denuncia.
Y otra cosa: habiendo Derechos Fundamentales de por medio (que son los que protegen las acciones de tutela), los detalles procedimentales pasan a un segundo plano.
Esto sólo termina de demostrar que la rama judicial del país es tan incompetente y cobarde como cualquiera de las otras dos.
