Creo que ya no falta sino que los mismos niños le digan a Gilma Jiménez que se equivoca con su insistencia por traer de vuelta la cadena perpetua a Colombia. A la criptofascista senadora se lo hemos dicho muchas personas en todos los tonos posibles.
Se lo dijo la Iglesia -retazo de pederastas del que ella sigue haciendo parte (?)-, José Flórez, Catalina Navarro, Rodrigo Uprimny y la Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del Estado Colombiano.
Ahora también se lo dice Ramiro Bejarano:
La propuesta de sancionar con cárcel irredimible a los violadores es taquillera, sobre todo cuando se suelta en el ambiente enrarecido de cada agresión a un menor, pero no es científica, eficaz o inteligente. Las familias en cuanto oyen de un violador, sin fórmula de juicio, reclaman infierno perpetuo para el agresor, lo cual es comprensible. Igual ocurre cuando se tiene noticia de que un violador está próximo a salir de prisión después de purgar muchos años de detención, pues ante esa eventualidad no falta quién inflame las emociones, alarmando a la sociedad y pidiéndoles a jueces y funcionarios que incurran en toda clase de arbitrariedades, con tal de que el “monstruo” siga detenido de por vida.
En el Congreso no ha sido recibida bien la convocatoria de este referendo, y ojalá termine de naufragar esa aventura que tantos dividendos políticos y mediáticos le ha representado a la senadora Gilma. De prosperar tal convocatoria, los afectados con otros delitos, a los que obviamente siempre les parecerá que aquel del que fueron víctimas es más grave que todos los demás crímenes, también van a querer que a sus victimarios se les sancione de igual manera. Y bajo el argumento de la sola emotividad, también tendrían derecho de exigir que si los violadores son condenados a cadena perpetua, tal pena deba aplicarse para sancionar cualquier delito.
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La política criminal no puede definirse en las urnas, mucho menos bajo la presión de emotivas reacciones contra los delincuentes. Eso es lo que en últimas pretende el malhadado referendo convocado para que el pueblo decida condenar a cadena perpetua a los violadores. El temido grupo de los extraditables en su época también pretendió convocar una consulta popular para que se definiera la vigencia de la extradición, que seguramente habrían ganado en las urnas. Las sanciones y los destinos de los criminales se definen con criterios serios y científicos, jamás en las plazas públicas, ni por mayorías, porque en ese tema los gobiernos tienen que asumir el riesgo de la impopularidad.
A la senadora Jiménez le convendría serenarse. Quienes no estamos de acuerdo con su referendo, ni somos violadores, ni defensores de los victimarios, ni detestamos a los niños.
Ya lo he expresado muchas veces: la robespierina senadora no es nada más ni nada menos que una populista y demagoga que ha recurrido a los más bajos instintos de venganza humana para ganarse una curul y estafar al Estado colombiano proponiendo una medida estúpida y anticientífica y vivir haciendo eso, con un sueldo que sale de nuestros impuestos.
