Lo vengo diciendo hace mucho tiempo, y ahora Rodrigo Uprimny, experto abogado constitucionalista y director del Centro de Estudio de Justicia, también lo dice. Bueno, no lo dice con nombre propio, pero estas son sus geniales palabras sobre ese funesto referendo, iniciativa de Gilma Jiménez que busca restaurar la cadena perpetua en el país:
Estas justificaciones son muy pobres para hacer algo tan drástico como es reformar la Constitución para introducir la cadena perpetua. Las ponencias son esencialmente un lamento (obviamente justificado) sobre la crueldad que soportan los niños colombianos. Pero eso no basta para lograr una buena política criminal, esto es, una estrategia que realmente prevenga esos crímenes y reduzca su impunidad.
Estamos pues en una clásica fuga al punitivismo, que cree que la solución a los problemas de criminalidad es el aumento drástico de las penas. Estas medidas suelen ser populares, pero su eficacia es pobre y tienden a agravar muchos problemas, como el hacinamiento carcelario.
Varios estudios, como los realizados por Daniel Nagin (ver su texto de 2010 sobre el posible efecto disuasivo del encarcelamiento), han mostrado que para reducir la criminalidad es preferible esforzarse por aumentar la eficacia de la investigación criminal, en vez de subir precipitadamente las penas. Es mejor entonces perfeccionar la investigación de esos crímenes para reducir su impunidad, en vez de plantear la cadena perpetua.
Esta iniciativa de referendo puede ser popular, pero no logra una mejor protección de los niños y las niñas. Y la cadena perpetua tendría en cambio efectos graves sobre la coherencia del sistema penal. No es, entonces, una buena iniciativa de política criminal, sino una forma irresponsable de populismo y demagogia punitiva.
Lo dicho. Gilma Jiménez es una irresponsable populista y demagoga. Y he de añadir: una completa ignorante en derecho penal. Y sí: en este caso importa mucho. Ninguna especie de iletrado criminal debería estar promoviendo cambios en la Constitución ni en el sistema penal de un país, pues el analfabetismo es el peor recurso y consejero a la hora de determinar penas privativas de la libertad.
