Colombia es una verdadera Banana Republic cuando se trata del robo de celulares. Gracias a la situación invernal, la presencia intermitente del Estado y la ineptitud de algunos alcaldes (te hablo a ti, Samuel Moreno), los atracos a mano armada y en grupos se han desatado (y se han vuelto más peligrosos: ahora es muy fácil perder la vida si uno no entrega el teléfono móvil). Ante esta situación, el gobierno impulsa una ley que busca restringir la venta de celulares a los puntos de venta autorizados, para que de esta manera los celulares robados no sean revendidos.
Los vendedores de celulares robados, o sea, los cómplices del robo de celulares se están quejando:
Para ellos, es claro que el Decreto, promulgado el 19 de mayo con la intención de restringir la operación de equipos móviles hurtados, les quiere amarrar las manos, dejarlos sin trabajo y dejarlos en la calle.
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“Eso es injusto: aquí estamos manteniendo familias, aquí en cada local hay cuatro personas que tienen de tres o cuatro niños, ¿de qué van a vivir esos niños ahora?
Van a vivir de empleos decentes, que respeten la propiedad y la vida de los demás.
