El caso de hoy es especial. Hay un conjunto de proyectos de ley -y de actos legislativos y referendos- bastante cuestionables que cursan trámite en el congreso.
Para la muestra:
La Ley Lleras, que dicen que protegerá efectivamente los derechos de autor y para esto desconoce toda la dimensión de la cultura libre y pone en riesgo la neutralidad de la red, a la vez que deja a merced de los ISP a los usuarios internautas.
La Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, con la cual se va a proteger de la actividad periodística aquellos desaciertos del gobierno. Se promueve la impunidad y se amputa al periodismo, toda vez que el oficio tiene entre sus principales funciones, la de ser perro guardián de la sociedad.
La Sostenibilidad Fiscal, que acabará con el Estado Social de Derecho. Aquello que cueste más de lo previsto, dejará automáticamente de ser un derecho. “Lo sentimos”, el Estado no puede costearlo. Adiós a la Tutela. Y que sea bienvenida la partida de presupuesto.
La contrarreforma política, que hará aún más oligárquica y aristocrática el remedo de democracia que existe en Colombia.
El estatuto anticorrupción, que ahora permite que los familiares de congresistas puedan aspirar a alcaldías y gobernaciones. ¿Que acaso no existe un impedimento para que los congresistas decidan sobre aquellos con quienes tienen relaciones, como sus familiares? De no ser porque es la cruda realidad, sería irónico que los corruptos sean quienes hacen el estatuto anticorrupción.
El referendo que busca hacer aún más salvaje e incivilizado este país, volviendo a instaurar la cadena perpetua.
